ATE demandó al Gobierno por la privatización de YCRT
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una acción judicial contra el Gobierno nacional tras la reciente decisión de convertir a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 115/25. La organización sindical considera que la medida atenta directamente contra los derechos laborales de los trabajadores y solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 8 y 9 del decreto.
La presentación judicial recayó por sorteo en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 73 de la Cámara de Apelaciones. En la demanda, ATE argumenta que el DNU vulnera el Convenio Colectivo de Trabajo vigente, afectando gravemente la negociación colectiva, la estabilidad laboral y los derechos adquiridos de los trabajadores de YCRT.
“El Presidente no tiene facultades para derogar el instrumento que regula las relaciones laborales dentro de la empresa, ni siquiera bajo las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso. Este decreto es manifiestamente inconstitucional”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
Además, Aguiar advirtió que, de mantenerse los artículos cuestionados, se generaría un estado de “indefensión” para todo el personal. “La Justicia debe pronunciarse con urgencia. No se puede avanzar sobre derechos laborales de esta manera. Es clave preservar la ultraactividad del Convenio Colectivo N° 3/75 E, mientras no se firme uno nuevo de forma libre y consensuada”, agregó.
Los artículos 8 y 9 del DNU establecen que el vínculo laboral del personal de YCRT pasará a regirse por el Derecho Privado y otorgan un plazo de 180 días para negociar un nuevo convenio colectivo, lo que, según el gremio, representa un retroceso en los derechos laborales de los trabajadores estatales.
Desde ATE señalan también que, a pesar de los distintos modelos de gestión que ha tenido YCRT a lo largo de su historia, nunca se había afectado la vigencia del convenio colectivo de los trabajadores.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno nacional y los gremios estatales, con un fuerte impacto en Santa Cruz, una provincia históricamente ligada a la actividad carbonífera.
