Carambia advirtió que la modernización laboral “no debe implicar pérdida de derechos”
El senador nacional José Carambia analizó el paquete de reformas que el Gobierno impulsa en el Congreso —entre ellas la modificación laboral, los cambios al Código Penal y el Presupuesto 2026— y expresó serias objeciones sobre varios aspectos del proyecto oficial.
En diálogo con La Parada por Tiempo FM 97.5, el legislador santacruceño sostuvo que la Cámara Alta exhibe hoy “dos frentes fuertes y un espacio intermedio más amplio”, y reclamó que el debate parlamentario se construya “con diálogo y negociación, no mediante imposiciones”.
Respecto a la reforma laboral, Carambia señaló que la iniciativa “incluye cuestiones positivas, pero también muchas otras que no tienen relación directa con el trabajo”. Advirtió que, bajo el argumento de modernizar, el proyecto “esconde cambios que podrían perjudicar derechos adquiridos”.
Entre los puntos más cuestionados, mencionó la posibilidad de que PyMEs paguen indemnizaciones o juicios en hasta 12 cuotas:
“El financiamiento para las empresas tiene que provenir de los bancos, no de los trabajadores. En un año en la Argentina puede pasar de todo, y el proyecto ni siquiera establece intereses para esas cuotas”, remarcó.
El senador también apuntó contra artículos que introduce beneficios impositivos sectoriales “mezclados” dentro de un texto general de casi 200 disposiciones:
“Hay cuestiones que están bien, pero otras deberían discutirse en leyes específicas”.
Carambia coincidió en la necesidad de actualizar normas laborales, aunque subrayó que “modernizar no puede significar retroceder en derechos o afectar garantías básicas”. Además, cuestionó la idea de que exista una “industria del juicio” que obstaculiza el empleo formal. Según su análisis, el principal problema es la presión impositiva y los costos no salariales que recaen sobre los empleadores.
También criticó la postura de algunos sindicatos:
“Cuando se toca el bolsillo reaccionan. Pero, ¿dónde estaban cuando se frenó la obra pública? Los gremios deberían haber defendido a los trabajadores mucho antes”.
Sobre la reforma del Código Penal, Carambia alertó que el aumento de penas “no siempre implica una reducción del delito” y recordó que la Ley Bloomberg equiparó el robo con arma de juguete al robo con arma real, lo que considera un ejemplo de medidas que terminan siendo contraproducentes.
En cuanto al Presupuesto 2026, cuestionó la eliminación —por DNU— del mecanismo que garantizaba la cobertura del déficit de las cajas previsionales provinciales que no habían sido transferidas a Nación:
“El Gobierno nacional ajustó a las provincias quitando recursos esenciales. El presupuesto debe incluir obras estratégicas para Santa Cruz, como las represas y YCRT”.
Finalmente, afirmó que la defensa de los intereses provinciales requerirá articulación entre gobernadores y senadores patagónicos:
“Si no nos unimos, vamos a quedar solos votando en contra sin lograr resultados concretos para nuestra provincia”.
