El Gobierno envió al Congreso el “Súper RIGI” y una ley para regular el lobby empresarial
El Gobierno Nacional avanzó con una nueva batería de iniciativas legislativas y envió a la Cámara de Diputados dos proyectos impulsados por el oficialismo: el denominado “Súper RIGI” y una ley destinada a regular la actividad de lobby y la gestión de intereses privados ante funcionarios y legisladores.
Los proyectos habían sido anticipados días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había anunciado el envío de cuatro iniciativas al Congreso. Mientras los proyectos vinculados a ludopatía y la derogación de la Ley de Etietado Frontal ya ingresaron al Senado, ahora se sumaron estas dos nuevas propuestas a la Cámara baja.
Un nuevo esquema para atraer grandes inversiones
El denominado “Súper RIGI” plantea un sistema de promoción fiscal orientado a grandes proyectos estratégicos y busca ampliar el alcance del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Entre los sectores alcanzados aparecen industrias consideradas claves para el desarrollo productivo y energético, como la cadena del litio, la fabricación de baterías, proyectos de hidrógeno verde o de bajas emisiones, producción de Gas Natural Licuado (GNL) en tierra, reactores nucleares pequeños y medianos, fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, vehículos 100% eléctricos y nuevos desarrollos petroquímicos, entre otros.
La iniciativa también incorpora modificaciones en materia tributaria para incentivar inversiones. Entre los beneficios previstos figura una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, un sistema de amortización acelerada —con un 60% durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años siguientes— y exenciones vinculadas a derechos de exportación.
Qué propone la ley de lobby
En paralelo, el Gobierno también impulsó un proyecto para regular las actividades de lobby con el objetivo de transparentar las gestiones realizadas por empresas, representantes o intermediarios ante funcionarios públicos y legisladores.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, donde deberán informar intereses representados mediante declaraciones juradas.
Además, la iniciativa prevé la publicación de agendas de funcionarios y establece incompatibilidades para ex funcionarios que posteriormente deseen realizar este tipo de gestiones.
Según el proyecto, serán consideradas actividades de lobby aquellas vinculadas a la elaboración, modificación o derogación de leyes, procesos de licitación, concesiones, subsidios o beneficios fiscales destinados a actividades económicas específicas.
Con el ingreso formal de ambos proyectos a Diputados, se abre ahora una nueva etapa de debate legislativo en torno a dos iniciativas que apuntan a inversiones estratégicas y a mecanismos de transparencia institucional.
