El Senado aprobó la Ley Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad a 14 años
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este viernes 27 de febrero la nueva Ley Penal Juvenil, que establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. El proyecto fue sancionado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras un debate marcado por fuertes posiciones políticas y sociales.
La iniciativa introduce cambios sustanciales en el régimen penal aplicable a menores de edad y fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por adolescentes menores de 18 años. Asimismo, contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena.
Durante la sesión, el oficialismo defendió la reforma bajo el argumento de fortalecer la respuesta del Estado frente a delitos de extrema gravedad. La ministra de Seguridad y referente del espacio oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que la responsabilidad penal debe estar vinculada al delito cometido y no exclusivamente a la edad del autor.
Desde el Gobierno nacional destacaron la aprobación como un avance en materia de seguridad y señalaron que la norma busca garantizar consecuencias legales ante hechos delictivos graves. A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente afirmó que la ley representa “un acto de justicia hacia la sociedad”, al considerar que quienes comprenden la gravedad de sus acciones deben responder ante la ley.
La sanción reabre un debate que atraviesa a toda la sociedad argentina: el equilibrio entre seguridad pública, responsabilidad penal juvenil y políticas de prevención e inclusión social. Mientras sectores políticos respaldaron el endurecimiento del régimen, organizaciones sociales y especialistas advirtieron sobre la necesidad de fortalecer simultáneamente las políticas educativas, familiares y de contención para evitar la criminalización temprana de adolescentes.
Con su aprobación en el Senado, la reforma marca un cambio profundo en el sistema penal juvenil argentino y abre una nueva etapa en la discusión sobre cómo abordar el delito juvenil en el país.
