El Senado debate eliminar límites a la compra de tierras por extranjeros y modificar la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional forma parte del paquete de reformas de desregulación. La iniciativa propone derogar restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y modificar aspectos clave de la legislación ambiental vinculada a incendios forestales.
El Senado de la Nación comenzó a debatir una serie de reformas impulsadas por el Gobierno nacional que incluyen cambios en la Ley de Tierras Rurales y en la Ley de Manejo del Fuego, dos iniciativas que generan fuerte discusión entre sectores políticos, ambientales y productivos.
Uno de los puntos centrales del proyecto propone eliminar los límites vigentes para la compra de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras en territorio argentino. De aprobarse la iniciativa, quedarían sin efecto las restricciones establecidas por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fijó topes para la titularidad extranjera de tierras rurales y zonas consideradas estratégicas.
Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a atraer inversiones, facilitar el desarrollo productivo y eliminar trabas burocráticas que desalientan el ingreso de capitales. Según argumentan, la normativa actual genera restricciones que afectan la competitividad y limitan oportunidades de inversión en distintas regiones del país.
Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la defensa de los recursos naturales expresaron preocupación por el posible impacto de la reforma. Entre los cuestionamientos aparece la pérdida de herramientas de control sobre territorios considerados estratégicos, especialmente en áreas cercanas a recursos hídricos, fronteras y zonas de alto valor ambiental.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego
El paquete legislativo también incluye modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, una normativa que actualmente impide cambios en el uso de tierras afectadas por incendios durante determinados períodos de tiempo.
La legislación vigente fue impulsada con el objetivo de desalentar incendios intencionales destinados a habilitar emprendimientos inmobiliarios, agrícolas o productivos sobre áreas incendiadas.
La propuesta del Gobierno busca flexibilizar algunos de esos límites y devolver mayores facultades a las provincias para decidir sobre el uso posterior de los terrenos afectados por incendios.
Los defensores de la iniciativa consideran que la normativa actual genera restricciones excesivas para actividades productivas y proyectos de desarrollo. En contrapartida, organizaciones ambientalistas advirtieron que la modificación podría debilitar herramientas de protección ambiental y facilitar cambios de uso del suelo en zonas vulnerables.
Un debate con impacto federal
La discusión adquiere especial relevancia para provincias con fuerte actividad agropecuaria, forestal y turística, así como para aquellas que poseen extensas superficies rurales y áreas naturales protegidas.
El tratamiento legislativo continuará en las próximas semanas y se espera que el debate reúna posiciones contrapuestas sobre la propiedad de la tierra, el desarrollo económico, la soberanía territorial y la preservación ambiental.
Mientras tanto, las iniciativas permanecen bajo análisis en el Senado, donde deberán alcanzar los consensos necesarios para avanzar hacia su aprobación definitiva.
