El Tribunal Superior de Justicia ordenó auditorías internas, controles de gastos y medidas para reducir la mora judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz inició una profunda revisión del funcionamiento interno del Poder Judicial provincial tras la designación de su nueva conducción. A través del Acuerdo Extraordinario N° 3741, firmado este 18 de mayo en Río Gallegos, el organismo dispuso una serie de auditorías y medidas orientadas a fortalecer los controles administrativos, financieros y operativos.
La nueva etapa comenzó luego de la elección de Gabriel Nolasco Contreras Agüero como presidente del máximo órgano judicial provincial y apunta a evaluar distintos aspectos vinculados al funcionamiento institucional.
Entre las primeras decisiones adoptadas se encuentra una auditoría integral sobre fondos, contrataciones, recursos propios, estructura salarial y ejecución presupuestaria. Además, el Tribunal solicitó informes detallados sobre gastos, obligaciones económicas, obras en ejecución, alquileres, parque automotor y compras realizadas durante 2025 y 2026.
La revisión también alcanzará al personal judicial. A partir de ahora, el ingreso al Poder Judicial deberá concretarse exclusivamente mediante concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición. En paralelo, se ordenó revisar incorporaciones realizadas desde 2025 hasta la actualidad.
Otro de los puntos que concentró la atención fue la situación de funcionarios y empleados que desarrollan tareas fuera de la provincia. El Tribunal pidió informes específicos para determinar la cantidad de casos existentes y el impacto presupuestario que representan.
La nueva conducción reconoció además la necesidad de intervenir sobre uno de los problemas históricos del sistema: la demora en la resolución de causas judiciales. En ese marco, se dispuso un relevamiento urgente de expedientes en trámite, incluyendo recursos pendientes y causas con personas privadas de libertad.
Las medidas también alcanzan el conflicto gremial que atraviesa al sector judicial. El Tribunal resolvió solicitar una conciliación obligatoria ante el Ministerio de Trabajo provincial para intentar avanzar en una instancia de diálogo con el gremio.
La serie de disposiciones refleja un proceso de revisión interna sin precedentes recientes dentro del Poder Judicial santacruceño y abre una etapa centrada en el control de recursos, el funcionamiento institucional y la búsqueda de mayor eficiencia en la administración de justicia.



