Escándalo en el Poder Judicial: denuncian violencia laboral y abuso de autoridad en juzgados de toda Santa Cruz
La Asociación de Trabajadores Judiciales de la Provincia (ATE Judiciales) publicó un mapa con denuncias contra funcionarios judiciales por hechos graves como violencia laboral, abuso de autoridad e irregularidades administrativas. La exposición generó revuelo en todo el territorio santacruceño, al apuntar directamente contra jueces, fiscales y secretarios en distintas localidades.
En Las Heras, el juez Eduardo Quelín fue señalado por ejercer violencia hacia personal y secretarios. Ante la falta de respuesta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sus pares solicitaron su apartamiento. Además, se pidió jury por abuso de autoridad y mal desempeño.
En Caleta Olivia, la jueza Rosa González y sus secretarias fueron denunciadas por malos tratos. González también fue observada por regular honorarios de manera indebida.
En Pico Truncado, los jueces Marcelo Figueroa y Leonardo Cimini enfrentan denuncias por violencia laboral, con consecuencias psicológicas para empleados judiciales. Ante la falta de intervención del TSJ, varios trabajadores solicitaron ser trasladados a otras dependencias.
En El Calafate, la secretaria Ariana Granero recibió denuncias por violencia, pero hasta el momento no fue sancionada.
En Puerto Santa Cruz, la jueza Noelia Ursino y el secretario Daniel Albornoz fueron acusados de maltrato laboral. A raíz de las denuncias, se inició un sumario y Albornoz renunció a su cargo.
En Río Turbio, la jueza Betina Bustos fue objeto de pedidos de jury por violencia laboral y abuso de autoridad.
En Río Gallegos, el miembro del TSJ, René Fernández, recibió un pedido de jury por violencia laboral e ignorancia del derecho. También fueron señaladas las defensoras Adriana Peralta (violencia laboral reiterada) y Camila Rummi (violencia e irregularidades). La jueza Cecilia López fue denunciada por acoso laboral, mientras que la magistrada Marcela Quintana también enfrentó un pedido de jury por mal desempeño. Por último, el fiscal José Chan recibió un pedido de sumario y fue mencionado en una causa de narcotráfico.
Desde ATE Judiciales manifestaron: “Denunciar estas situaciones es una política institucional de nuestra organización. Lamentablemente, muchas veces las denuncias no reciben el seguimiento adecuado por parte de los organismos responsables”.
El gremio reafirmó su compromiso con la transparencia del sistema judicial, la independencia de poderes y la lucha contra la corrupción: “Así como cualquier ciudadano debe responder ante la Justicia, los magistrados y funcionarios también deben hacerlo, sin privilegios ni tratos especiales”.
La publicación volvió a poner en evidencia una problemática estructural: la falta de mecanismos eficaces para investigar y sancionar a quienes abusan de su poder dentro del Poder Judicial.
