Escándalo en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz por un aumento salarial de hasta el 50%
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz quedó envuelto en una fuerte polémica tras dictar una resolución que establece incrementos salariales para vocales, jueces y funcionarios judiciales durante 2026, con subas acumuladas que podrían alcanzar hasta el 50%. La medida generó un inmediato rechazo por parte del Gobierno provincial y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La resolución fue firmada el 30 de diciembre de 2025 por los vocales Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña, aunque tomó estado público en los últimos días. El texto fija aumentos del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026, y del 3% mensual entre agosto y octubre del mismo año.
Desde el Poder Ejecutivo provincial cuestionaron con dureza la decisión. La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, sostuvo que la pauta salarial “supera las proyecciones inflacionarias previstas para el período” y contrasta con la política aplicada al resto de los empleados públicos, cuyos incrementos se limitaron a acompañar la inflación. En ese sentido, remarcó que la discusión no pone en tela de juicio la independencia judicial, sino la razonabilidad de las decisiones en el actual contexto económico.
“Santa Cruz atraviesa un proceso de ordenamiento y administración responsable de los recursos. Ese esfuerzo debe ser compartido por todos los poderes del Estado”, señaló la funcionaria, quien además indicó que el principio de intangibilidad salarial no puede analizarse de manera aislada de la realidad social y económica de la provincia.
Según el anexo de la resolución, los vocales del TSJ percibirán en enero de 2026 un salario básico de 1.574.940 pesos, que ascenderá a 2.177.588 pesos en octubre, lo que implica un incremento del 38,2% en el básico, sin contar otros adicionales. De acuerdo con estimaciones oficiales del Ejecutivo, los ingresos totales de los magistrados podrían pasar de entre 13 y 16 millones de pesos a fines de 2025, a cifras que oscilarían entre 19 y casi 24 millones de pesos en octubre de 2026.
En los fundamentos, el propio Tribunal argumentó que la medida responde a criterios de equidad y razonabilidad, y sostuvo que los salarios de los jueces santacruceños no deben quedar desfasados respecto de los que perciben magistrados de otras jurisdicciones provinciales y del fuero federal. Para ello, citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculados a la intangibilidad salarial y a la preservación de la independencia judicial.
Otro de los puntos que generó cuestionamientos es que la resolución excluye al personal judicial, ya que los aumentos alcanzan únicamente a vocales, jueces, magistrados y funcionarios. Esta situación provocó el rechazo de ATE Santa Cruz, cuyo secretario general, Carlos Garzón, calificó la decisión como “obscena” y denunció que los jueces “se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social”.
“El salariazo auto otorgado por la cúpula del Poder Judicial ronda un incremento acumulado del 50% anual, mientras los trabajadores santacruceños atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad económica”, expresó Garzón, quien además cuestionó que se trate de un poder que no tributa el Impuesto a las Ganancias.
El malestar se profundizó al recordar que, el pasado 17 de diciembre, los mismos magistrados rechazaron la incorporación de nuevos jueces al Tribunal argumentando “serias complicaciones financieras” en la provincia. Desde el Gobierno consideraron llamativa esa diferencia de criterios y advirtieron que “cuando se trata de mejorar el servicio de justicia se invoca la falta de recursos, pero cuando se trata de aumentos automáticos para la cúpula judicial, esas restricciones parecen no existir”.
La decisión del TSJ reavivó el debate sobre el impacto fiscal de este tipo de medidas y el rol del Poder Judicial en un contexto de ajuste y reclamos salariales en distintos sectores del Estado.
