“La educación inclusiva no se negocia.” Iris Rasgido cuestionó el pedido de ADOSAC
Rasgido cuestionó a ADOSAC por pedido sobre estudiantes con discapacidad y marcó postura frente al ajuste nacional: “La educación inclusiva no se negocia”
La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, expresó su preocupación por uno de los puntos planteados por ADOSAC en la paritaria del 12 de noviembre, donde el gremio propuso definir la jornada escolar de estudiantes con discapacidad en base al Certificado Único de Discapacidad (CUD). La funcionaria advirtió que el planteo contradice el marco legal vigente, podría resultar discriminatorio y reafirmó que, en Santa Cruz, la inclusión educativa es un derecho que no entra en discusión.
Rasgido realizó el planteo públicamente bajo la consigna “La educación inclusiva no se negocia: se garantiza, se protege y se promueve”, dejando en claro que la provincia mantendrá su política educativa centrada en derechos, incluso en un contexto nacional marcado por recortes y miradas regresivas sobre la escuela pública.
De acuerdo con lo que detalló la titular del CPE, el pedido de ADOSAC pretendía que el organismo intervenga sobre el CUD para definir la cantidad de horas de cursada que un estudiante con discapacidad debería cumplir. Rasgido sostuvo que esa perspectiva es desactualizada, contradictoria con las leyes nacionales y provinciales, y además se aleja por completo de los estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Santa Cruz ha logrado avances reales en inclusión educativa, construidos con docentes, equipos técnicos y familias. No vamos a retroceder en estos derechos, sobre todo en tiempos donde a nivel nacional se intenta achicar la escuela pública y desarmar políticas de integración”, remarcó.
La funcionaria señaló que la discapacidad no es un atributo individual sino la consecuencia de entornos que generan barreras, y advirtió que condicionar la jornada a un certificado externo implicaría una práctica discriminatoria.
“Definir la jornada desde un certificado y no desde un Proyecto Pedagógico Individualizado centrado en apoyos y participación, es desigualdad. Reducir la jornada escolar podría constituir una vulneración de derechos”, sostuvo.
Finalmente, Rasgido reafirmó que la provincia mantendrá una postura garantista y protectora de la diversidad:
“La educación inclusiva no se negocia. No retrocederemos en derechos conquistados. Mientras otros discursos intentan justificar ajustes en nombre de la eficiencia, en Santa Cruz seguimos defendiendo la escuela pública y la inclusión como política de Estado”, concluyó.
