Polémica por el presupuesto que Fabian Leguizamón gasta en pauta salarial y publicitaria
La aparición de gigantografías con la imagen del vicegobernador de Santa Cruz en distintas localidades de la provincia abrió un nuevo frente de debate político en torno al presupuesto que maneja Fabián Leguizamón y al destino de los recursos asignados a esa área del Estado.
Las críticas fueron planteadas por un diputado, quien cuestionó tanto el nivel de gasto destinado a la estructura salarial del organismo como los recursos que, según sostuvo, se estarían utilizando para acciones de difusión y posicionamiento político.
La colocación de cartelería de gran porte en espacios visibles de la capital provincial, las estructuras, montadas sobre paredes y sectores estratégicos de la ciudad, despertaron interrogantes acerca de los costos que implica su producción, instalación y mantenimiento. Este tipo de intervenciones demandan una inversión significativa debido al tamaño de las gigantografías, los sistemas de anclaje necesarios para soportar las condiciones climáticas de la Patagonia y la utilización de maquinaria especializada para su colocación.
Tambien señalaron que la instalación de este tipo de carteles requiere la participación de personal técnico, equipos de elevación y logística específica, factores que incrementan considerablemente los costos operativos.
Cuestionamientos por la estructura salarial
Las críticas también apuntaron al presupuesto general de la Vicegobernación y al volumen de recursos destinados al funcionamiento interno del organismo.
En ese sentido, sectores de la oposición plantearon la necesidad de conocer con mayor detalle cuánto se destina a personal, estructura administrativa, cargos políticos y gastos operativos, en un contexto donde distintos gremios estatales mantienen reclamos por recomposición salarial y mejoras laborales.
Los cuestionamientos surgen además en medio de un escenario económico complejo para la provincia, marcado por negociaciones paritarias abiertas, medidas de fuerza de distintos sectores y demandas vinculadas a la distribución de los recursos públicos.
La controversia reavivó el debate sobre la necesidad de transparentar los gastos vinculados a publicidad institucional, comunicación política y funcionamiento de los distintos poderes del Estado.
