Preocupación en el Gobierno Provincial por el ajuste nacional y la falta de diálogo con Nación
Desde el Gobierno de Santa Cruz manifestaron una profunda preocupación por el impacto que está generando el ajuste impulsado por el Ejecutivo Nacional, al que califican como “centralista” y contrario a los principios del federalismo. Además, remarcan los obstáculos que impone el Poder Judicial local ante los intentos de transformación institucional.
En declaraciones radiales, el asesor del Ejecutivo provincial, Martín Paiva, señaló que el modelo económico implementado por el gobierno de Javier Milei “lastima los intereses provinciales” y que Santa Cruz está siendo castigada por una mirada nacional que desconoce la realidad de las provincias.
Según explicó, la situación financiera de la provincia es cada vez más crítica. “Estamos viendo una caída generalizada en los ingresos por coparticipación, regalías hidrocarburíferas y mineras. Nación ha dejado de financiar áreas clave como educación, salud y programas sociales. Todo ese recorte lo tiene que absorber la provincia, que ya arrastra una estructura de ingresos limitada”, expresó.
Además, Paiva cuestionó la falta de canales de diálogo con el gobierno nacional: “No hay interlocutores. El gobierno nacional responde con silencio a las demandas de las provincias. Ni siquiera hay un espacio donde plantear que no podemos sostener el ajuste que nos imponen”, afirmó, y advirtió que Santa Cruz debe afrontar con recursos propios obligaciones que antes eran cubiertas por Nación.
Por otro lado, el funcionario apuntó contra el Poder Judicial de la provincia, al que acusó de ser uno de los principales frenos a las reformas institucionales impulsadas por el Ejecutivo santacruceño. “Cuando se intenta avanzar con cambios, como la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, es el mismo Poder Judicial el que presenta medidas cautelares para frenarlos. Hay una resistencia explícita”, denunció.
En ese marco, también criticó la designación de vocales que, según sostuvo, no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Provincial. Puntualmente, cuestionó el nombramiento de Fernando Basanta, argumentando que no reúne los seis años mínimos de antigüedad en el ejercicio de la abogacía o funciones judiciales que exige el artículo 127 de la Carta Magna provincial.
“Hay una Justicia que se protege a sí misma y bloquea cualquier intento de renovación”, cerró Paiva, dejando en evidencia las tensiones que hoy atraviesan a los tres poderes del Estado santacruceño en un contexto económico complejo y con recursos cada vez más limitados.
