Santa Cruz

Santa Cruz declaró la Emergencia Hidrocarburífera con apoyo unánime en la Legislatura

En una sesión histórica, la Legislatura de Santa Cruz aprobó por unanimidad la declaración de Emergencia Hidrocarburífera en la provincia. La medida, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, busca reactivar la industria petrolera mediante incentivos fiscales para las empresas que incrementen su producción y la implementación de un régimen laboral diferencial en pozos de cuencas maduras. Además, se creó una comisión de seguimiento en la Cámara de Diputados.

Un acuerdo transversal

El proyecto de ley fue el resultado de la unificación de tres iniciativas presentadas por distintos bloques legislativos. Luego de un extenso cuarto intermedio, se logró el consenso que permitió su aprobación sin votos en contra.

Eloy Echazú, presidente del bloque de Unión por la Patria, destacó la responsabilidad de los legisladores y enfatizó el compromiso de su espacio para dotar al Ejecutivo provincial de herramientas que le permitan afrontar la crisis del sector. “Desde nuestro bloque presentamos un proyecto propio, y hoy logramos la síntesis necesaria para dar una solución real”, aseguró.

Por su parte, el diputado Carlos Godoy subrayó que la sociedad demanda “una visión diferente” y destacó la importancia de acompañar con políticas activas a los trabajadores. En esa línea, el legislador de la Cuenca Carbonífera advirtió que el mismo nivel de madurez política deberá replicarse en el debate por YCRT y en la crisis del sector de la construcción, afectado por la paralización de las represas.

Pedro Muñoz, diputado de la Coalición Cívica ARI, valoró la construcción de consensos y señaló que la ley brinda certezas a los trabajadores del sector. “Este marco normativo busca generar responsabilidad social y garantizar la continuidad de la actividad”, expresó.

Un respaldo al Ejecutivo

El exgobernador y actual diputado del PJ, Daniel Peralta, aclaró que la ley “no es un cheque en blanco” para el gobierno provincial, sino un instrumento para mejorar la capacidad de negociación con YPF. “Nadie debe pensar que esta norma tiene como fin incorporar petroleros a la administración pública”, advirtió.

Fernando Españón, presidente del bloque Por Santa Cruz, agradeció la predisposición de todos los sectores para encontrar una solución conjunta. “El gobernador necesita esta herramienta en un contexto donde la política nacional impone desafíos urgentes”, destacó.

Rodrigo Cabrera, representante de los trabajadores petroleros, expuso ante los legisladores y celebró la sanción de la norma. “Esperamos que esto permita superar una crisis que no es nueva y que requiere medidas concretas”, afirmó.

Los puntos clave de la ley

El texto aprobado establece la declaración de Emergencia Hidrocarburífera hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga por un año más.

Entre sus principales disposiciones, se destacan:

  • Un régimen de incentivos fiscales para las empresas que inviertan en exploración y explotación petrolera en Santa Cruz. Estos beneficios incluyen reducciones impositivas y menores cargas por regalías, siempre y cuando las operadoras mantengan y amplíen la actividad.
  • La implementación de un régimen laboral diferencial en pozos de cuencas maduras, elaborado con la participación de los gremios del sector, con el objetivo de garantizar estabilidad laboral y promover programas de capacitación.
  • La creación de una comisión de seguimiento en la Cámara de Diputados, integrada por dos representantes de cada bloque, que evaluará la evolución de la industria y recibirá informes periódicos del Ministerio de Energía.

La autoridad de aplicación de la norma será el Ministerio de Energía, que tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión, la preservación del empleo y la mitigación del pasivo ambiental.

Con esta ley, Santa Cruz busca sostener la actividad hidrocarburífera en un contexto desafiante y evitar la pérdida de puestos de trabajo, apostando a la reactivación del sector con un esquema de incentivos y control estatal.

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