Santa Cruz quedó vinculada a una denuncia por compra de votos en el Congreso
La diputada Marcela Pagano presentó tres denuncias en Comodoro Py y señaló una posible relación entre desembolsos del fideicomiso SISVIAL y determinadas votaciones en el Congreso. La presentación incluye transferencias millonarias a Santa Cruz y menciona al gobernador Claudio Vidal y a legisladores de la provincia.
La Justicia Federal comenzó a recibir una serie de presentaciones que buscan determinar si existió una eventual utilización de fondos públicos nacionales para obtener respaldo parlamentario a iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
Las denuncias fueron presentadas por la diputada nacional Marcela Pagano ante los tribunales de Comodoro Py y apuntan a establecer si determinados desembolsos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) guardaron relación con votaciones concretas en el Congreso de la Nación.
A partir del análisis de transferencias realizadas a distintas provincias y su comparación con el calendario legislativo, Pagano elaboró un esquema al que denominó “tarifario”, mediante el cual plantea la hipótesis de que algunos gobernadores y legisladores aliados habrían recibido recursos a cambio de acompañar proyectos del Ejecutivo.
Entre las provincias mencionadas aparece Santa Cruz, gobernada por Claudio Vidal.
El primer desembolso señalado y la Ley Bases
Uno de los episodios incluidos en las presentaciones corresponde a los días 10 y 11 de junio de 2024, cuando, según la denuncia, Nación destinó $850 millones a Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
El desembolso se produjo apenas un día antes de la votación de la Ley Bases en el Senado.
Pagano relacionó esas transferencias con los votos afirmativos de los senadores Lucila Crexell, de Neuquén; Mónica Silva, de Río Negro; y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes en ese momento mantenían una posición de acompañamiento al gobierno provincial de Vidal.
La denuncia sostiene que la coincidencia temporal amerita ser investigada para determinar si existió algún vínculo entre las transferencias y las decisiones adoptadas en el Congreso.
Santa Cruz y el denominado “premio a las 48 horas”
La provincia vuelve a aparecer en otro de los episodios destacados por Pagano.
Según la presentación judicial, el 19 de marzo de 2025 el Congreso aprobó el DNU 179/25, relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dos días después, el fideicomiso SISVIAL habría desembolsado $6.596 millones para Santa Cruz.
De acuerdo con la documentación citada, aproximadamente el 99% de ese monto se concentró en la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).
En aquella votación, el entonces diputado nacional por Santa Cruz Sergio Acevedo votó en contra, mientras que José Luis Garrido, integrante del bloque Por Santa Cruz, acompañó el DNU. También votó afirmativamente la diputada radical Roxana Reyes.
La presentación de Pagano utiliza este episodio como otro ejemplo de la hipótesis que denomina “premio a las 48 horas”, en referencia a la proximidad temporal entre una votación legislativa y un desembolso de recursos.
Nuevos fondos antes de la votación por Zonas Frías
La denuncia también incorpora movimientos registrados durante 2026.
Según el planteo de la legisladora, el 19 de mayo la Administración General de Vialidad Provincial recibió $2.104 millones, en la antesala de una votación vinculada con el régimen de Zonas Frías.
Pagano cuestionó especialmente ese desembolso debido a que, según la información incorporada a la presentación, se habría tratado del único pago de SISVIAL destinado a Santa Cruz durante el año.
La coincidencia entre los desembolsos y el calendario parlamentario constituye uno de los principales elementos sobre los cuales la diputada solicita que avance la investigación judicial.
La Justicia deberá determinar si existió un vínculo
Las presentaciones no establecen como hecho probado que los recursos hayan sido entregados a cambio de votos, sino que solicitan investigar si existió una relación entre las transferencias de fondos y determinadas decisiones legislativas.
Pagano pidió que se determine si funcionarios nacionales y gobernadores involucrados, entre ellos Claudio Vidal, pudieron incurrir en delitos como cohecho, admisión y ofrecimiento de dádivas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso quedó radicado en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Franco Picardi.
Un fondo millonario bajo la lupa
El planteo judicial también pone el foco sobre el volumen de recursos administrados mediante SISVIAL.
Desde diciembre de 2023, el fideicomiso habría recaudado $1.503.252 millones provenientes de un porcentaje del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos. Sin embargo, entre enero de 2024 y mayo de 2026 se habrían distribuido $403.310 millones entre las distintas jurisdicciones.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si las coincidencias señaladas por Pagano responden a una planificación política vinculada con el tratamiento de leyes en el Congreso o si se explican por criterios administrativos y de ejecución de obras viales.
En ese marco, la inclusión de Santa Cruz en las presentaciones vuelve a poner bajo análisis el vínculo entre los recursos nacionales destinados a la provincia, la gestión de Claudio Vidal y el comportamiento de los representantes santacruceños en el Congreso.
