Tras más de 30 años, Santa Cruz restituyó a Eduardo Sosa como Procurador General
La Cámara de Diputados aprobó una ley que restablece el cargo eliminado en 1995 y da cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó este jueves la restitución de Eduardo Emilio Sosa como Procurador General de la provincia, cerrando un conflicto institucional que se extendió durante más de tres décadas y que derivó en reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La iniciativa fue sancionada con 13 votos a favor y 9 en contra durante una sesión en la que se debatió la modificación de la Ley Orgánica de la Justicia provincial. La norma restablece el cargo de Procurador General, eliminado en 1995 durante una reforma judicial, y dispone que sea ocupado por Sosa, quien había sido desplazado de esa función tras aquellos cambios.
La decisión representa el cumplimiento efectivo de una serie de sentencias emitidas por el máximo tribunal del país, que durante años ordenó la restitución del exfuncionario sin que la provincia concretara la medida.
Un conflicto que atravesó varias gestiones
El denominado “Caso Sosa” se originó a mediados de la década de 1990, cuando una reforma en la estructura judicial provincial modificó la organización del Ministerio Público y eliminó el cargo que ocupaba el abogado.
A partir de entonces, Sosa inició una extensa disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema, la cual en distintas oportunidades falló a su favor y ordenó su restitución.
Sin embargo, pese a las resoluciones judiciales, la situación permaneció sin resolverse durante años, convirtiéndose en uno de los litigios institucionales más emblemáticos de Santa Cruz.
Cambios en la estructura judicial
Además de reincorporar la figura del Procurador General, la nueva ley introduce modificaciones en la organización interna del Ministerio Público.
La normativa establece que el Procurador General estará al frente del Ministerio Público Fiscal, mientras que el Defensor Público Oficial conducirá el Ministerio Público de la Defensa, diferenciando formalmente ambas estructuras.
Asimismo, se incorpora la figura del Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y se fijan mecanismos para garantizar la integración del máximo órgano judicial provincial ante eventuales vacancias o impedimentos de sus integrantes.
Debate político
Durante la sesión, el oficialismo defendió la iniciativa al considerar que la provincia tenía una obligación pendiente con la Justicia nacional y que era necesario cerrar definitivamente un conflicto que se mantenía abierto desde hacía más de 30 años.
Desde sectores de la oposición surgieron cuestionamientos vinculados al momento elegido para avanzar con la reforma y a las consecuencias administrativas derivadas de la restitución de un cargo que había desaparecido de la estructura judicial provincial en 1995.
Más allá de las diferencias políticas, la sanción de la norma marca un punto de inflexión en uno de los casos judiciales e institucionales más relevantes de la historia reciente de Santa Cruz, poniendo fin a una controversia que atravesó distintos gobiernos y administraciones provinciales.
