Alerta por la nueva Ley de Glaciares: especialistas advierten por el impacto en las reservas de agua
A pocos días de su aprobación en el Congreso, la reforma a la Ley de Glaciares abrió un fuerte debate en todo el país y encendió señales de alarma entre científicos, ambientalistas y comunidades cordilleranas, que advierten sobre posibles consecuencias en el abastecimiento de agua en los próximos años.
La modificación de la norma redefine el esquema de protección ambiental y transfiere a las provincias la facultad de determinar qué cuerpos de hielo y zonas periglaciares deberán preservarse, en función de su “función hídrica efectiva y relevante”.
Este cambio generó cuestionamientos por parte de especialistas, quienes sostienen que la flexibilización podría habilitar actividades extractivas en áreas hasta ahora protegidas, especialmente en zonas de alta montaña vinculadas a la minería.
Preocupación por el agua y las cuencas
Los glaciares y ambientes periglaciares son considerados reservas estratégicas de agua dulce para la Argentina. Según información oficial, se extienden a lo largo de la cordillera y alimentan decenas de cuencas hídricas, cumpliendo un rol clave en la regulación del caudal de los ríos y en la mitigación de sequías.
Especialistas advierten que una eventual intervención en estas áreas podría afectar el equilibrio hídrico de regiones enteras, particularmente en provincias del oeste argentino donde el recurso es esencial para el consumo humano, la producción agropecuaria y distintas actividades económicas.
Entre los escenarios que se analizan, se menciona la posibilidad de sequías más prolongadas y una reducción progresiva del caudal de ríos en los próximos años, en un contexto ya atravesado por el cambio climático y el retroceso natural de los glaciares.
Rechazo social y posibles acciones judiciales
La reforma también generó movilizaciones en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, con protestas impulsadas por organizaciones ambientales, asambleas ciudadanas y sectores científicos.
En paralelo, ya se anticipan presentaciones judiciales para cuestionar la constitucionalidad de los cambios, bajo el argumento de que podrían implicar un retroceso en materia de protección ambiental.
Mientras el Gobierno nacional defiende la modificación como una medida orientada al federalismo y al desarrollo de inversiones, el debate continúa creciendo y coloca nuevamente en el centro de la escena la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación de recursos estratégicos como el agua.
