ARA San Juan: la Fiscalía pidió condenas de hasta cinco años de prisión y sostuvo que la tragedia “era predecible”

Los fiscales acusaron a cuatro exjefes de la Armada de permitir que el submarino navegara con deficiencias técnicas conocidas. El juicio ingresó en su etapa decisiva en Río Gallegos.

La causa judicial que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó este lunes en una etapa clave con el inicio de los alegatos del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. Tras más de tres meses de debate oral y la declaración de más de 90 testigos, los fiscales solicitaron penas de hasta cinco años de prisión para los cuatro exoficiales de la Armada imputados por la tragedia que provocó la muerte de los 44 tripulantes.

Durante una extensa audiencia, la Fiscalía sostuvo que el submarino zarpó en octubre de 2017 en condiciones técnico-operativas deficientes y que los responsables de su conducción, control y supervisión incumplieron deberes esenciales de cuidado que pudieron haber evitado el desenlace fatal.

“El resultado era predecible”

Los representantes del Ministerio Público reconstruyeron la cadena de mandos existente al momento de la última misión del ARA San Juan y apuntaron contra quienes tenían responsabilidades operativas dentro de la Armada Argentina.

Según la acusación, cuando la nave partió desde Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 acumulaba problemas técnicos y limitaciones operativas que eran conocidas por la cadena de mando.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo vinculado al mantenimiento de la embarcación. La Fiscalía afirmó que el submarino había superado en más de dos años el plazo reglamentario previsto para ingresar a dique seco y realizar tareas fundamentales para su seguridad operacional.

Los fiscales sostuvieron que esa situación incrementó los riesgos de navegación y derivó en condiciones incompatibles con una operación segura.

Durante los alegatos también se reconstruyeron los acontecimientos ocurridos en los días previos al hundimiento. Según la teoría acusatoria, el ingreso de agua de mar al sistema de baterías generó un cortocircuito y un principio de incendio que comprometió gravemente la capacidad operativa de la unidad.

Para la Fiscalía, ese incidente desencadenó una secuencia que culminó el 15 de noviembre de 2017 con la pérdida de control del submarino y su posterior implosión.

Las responsabilidades de los acusados

La acusación puso especial énfasis en las responsabilidades de los exjefes de la Armada involucrados en la causa.

Los fiscales señalaron que existían pedidos formales para realizar tareas de mantenimiento e inspecciones de seguridad que no fueron ejecutadas antes de la última misión.

Además, sostuvieron que se priorizó la continuidad de las operaciones por encima de controles considerados indispensables para garantizar la seguridad de la embarcación.

En ese contexto, la fiscal María Garmendia afirmó que las fallas detectadas eran conocidas y que las consecuencias podían anticiparse.

“Debía ser predecible el resultado acaecido del ARA San Juan”, sostuvo durante su exposición al referirse a las responsabilidades atribuidas a uno de los principales imputados.

Los pedidos de condena

Tras varias horas de alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó las siguientes penas:

• Luis Enrique López Mazzeo: 5 años de prisión.
• Claudio Villamide: 5 años de prisión efectiva.
• Héctor Aníbal Alonso: 4 años de prisión.
• Hugo Miguel Correa: 3 años de prisión.

Los fiscales argumentaron que las penas solicitadas guardan relación directa con el nivel de responsabilidad que cada acusado tenía dentro de la estructura de mando de la Armada.

“A mayor jerarquía, mayor es el deber de cuidado”, señalaron al fundamentar el pedido.

El juicio entra en su tramo final

Con el inicio de los alegatos, el proceso judicial por el hundimiento del ARA San Juan ingresó en su etapa definitiva.

En las próximas audiencias será el turno de las querellas, que expondrán su interpretación de las pruebas reunidas durante el juicio. Posteriormente alegarán las defensas de los imputados y finalmente los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el Tribunal dicte sentencia.

La causa busca determinar si las decisiones adoptadas por la cadena de mando de la Armada tuvieron incidencia directa en una de las mayores tragedias navales de la historia argentina, ocurrida el 15 de noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur.