Cuestionan el pedido de endeudamiento de Santa Cruz y apuntan a la gestión del IDUV
Las declaraciones de la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, sobre la necesidad de acceder a un crédito de 600 millones de dólares para financiar obras generaron cuestionamientos. El planteo pone el foco en la planificación y el control de la obra pública provincial, especialmente a partir de los problemas de inundaciones registrados en distintos sectores.
El debate por el endeudamiento que impulsa el Gobierno de Claudio Vidal volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones de la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, quien sostuvo que Santa Cruz necesita inversión y que, para avanzar en obras estructurales, el crédito constituye una herramienta necesaria.
En declaraciones a un medio local, la funcionaria vinculó la necesidad de realizar nuevas obras con las consecuencias del temporal, las inundaciones y el deshielo registrados durante las últimas semanas. En ese marco, afirmó que la provincia necesita infraestructura que, según su planteo, no fue realizada en gestiones anteriores.
Sin embargo, el argumento fue cuestionado a partir de los problemas registrados en barrios y sectores donde el propio Estado provincial ejecutó obras habitacionales y de infraestructura a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).
El foco puesto en la planificación de las obras
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la planificación técnica de los proyectos ejecutados por el IDUV. Según el informe que dio origen a la discusión, las inundaciones recientes volvieron a exponer problemas vinculados con la elección y preparación de terrenos, la nivelación y la falta de estudios de suelo y factibilidad hídrica.
El caso del barrio San Benito de Río Gallegos aparece como uno de los ejemplos señalados. Allí, viviendas construidas y terrenos destinados a nuevos desarrollos habitacionales resultaron afectados por la acumulación de agua.
La situación abrió interrogantes sobre la planificación previa de las obras y sobre los controles realizados por los organismos provinciales antes de avanzar con proyectos habitacionales de gran magnitud.
El pedido de un crédito de 600 millones de dólares
En este contexto, el Gobierno provincial sostiene que el acceso a financiamiento externo resulta necesario para impulsar obras de infraestructura consideradas estratégicas.
Elmiger afirmó que la provincia necesita inversión para desarrollarse y que, actualmente, una de las vías para obtenerla es el crédito. La iniciativa contempla un endeudamiento por hasta 600 millones de dólares, cuyo tratamiento legislativo continúa generando debate y resistencia entre sectores de la oposición.
Desde el Ejecutivo cuestionan la falta de acompañamiento de la Legislatura y sostienen que contar con esta herramienta permitiría avanzar con obras necesarias para los vecinos.
Sin embargo, desde sectores críticos plantean que antes de asumir un nuevo endeudamiento deberían fortalecerse los mecanismos de control, auditoría y transparencia sobre el destino de los recursos públicos.
Cuestionamientos a la gestión del IDUV
El debate también alcanza directamente al funcionamiento del IDUV y a la ejecución de la obra pública provincial.
Los cuestionamientos apuntan a demoras en la ejecución de proyectos, obras paralizadas, modificaciones de costos y la falta de controles suficientes sobre los avances de los trabajos contratados.
En este sentido, el planteo central es que el problema de la infraestructura provincial no estaría relacionado únicamente con la disponibilidad de recursos, sino también con la forma en que estos son administrados y con la capacidad del Estado para garantizar que las obras se ejecuten de acuerdo con los proyectos originales.
La discusión adquiere especial relevancia ante la posibilidad de tomar nueva deuda en dólares, ya que los recursos futuros de la provincia quedarían comprometidos durante los próximos años.
El Gobierno defiende la necesidad de obras estructurales
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que las contingencias climáticas recientes demostraron la necesidad de realizar obras estructurales que permitan mejorar la infraestructura y prevenir nuevas emergencias.
En esa línea, Elmiger aseguró que el Gobierno está trabajando para dar respuesta a las necesidades de la población y defendió la necesidad de contar con herramientas financieras para avanzar con proyectos de infraestructura.
El debate, sin embargo, continúa abierto. Mientras el oficialismo sostiene que el financiamiento es indispensable para generar obras y atender las necesidades de Santa Cruz, los sectores que cuestionan el endeudamiento reclaman mayores garantías de transparencia y controles sobre la utilización de los fondos.
El caso vuelve a poner en discusión la situación del IDUV y la política de obra pública provincial, en un contexto en el que el Gobierno de Vidal busca conseguir autorización para acceder a un crédito de 600 millones de dólares y, al mismo tiempo, enfrenta cuestionamientos por la planificación y ejecución de algunas de las obras que ya se encuentran en marcha.
