Escándalo: Vidal habilitó una excepción para vender tierras frente al Perito Moreno a Emiratos Árabes
El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que exceptúa, por única vez, una restricción vigente para permitir la transferencia de una parcela ubicada en la Península de Magallanes. El inmueble será adquirido por una sociedad argentina cuyo único accionista es una compañía constituida en Dubái. La medida abrió cuestionamientos políticos y ambientales y puso nuevamente en discusión el alcance de la protección sobre uno de los territorios más sensibles de Santa Cruz.
Una decisión del Gobierno de Claudio Vidal abrió una fuerte controversia en Santa Cruz por una operación inmobiliaria en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno.
A través del Decreto Provincial 0915/2026, firmado el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre, el Ejecutivo provincial exceptuó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una restricción establecida por el Decreto 0994/17. La excepción permite avanzar con la venta de un inmueble de la firma Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, para el desarrollo del denominado “Master Plan Ecocentro”.
La parcela involucrada es la Fracción G, Matrícula 186, del Departamento Lago Argentino, ubicada dentro de la región de Península de Magallanes, un área natural protegida frente al Parque Nacional Los Glaciares.
Una excepción firmada por Vidal
El aspecto que genera mayor discusión es que la operación necesitó una autorización excepcional del Poder Ejecutivo provincial para poder concretarse.
El Decreto 0994/17 establece restricciones para determinadas operaciones inmobiliarias dentro de áreas protegidas. Frente a esa normativa, Vidal decidió otorgar una excepción específica para esta transferencia.
El propio Decreto 0915 establece que la medida es exclusivamente para esta operación y que no podrá ser utilizada como antecedente o criterio automático para futuras solicitudes similares. También señala que el proyecto deberá cumplir con la legislación ambiental, territorial y de conservación vigente y con las medidas que establezcan los organismos provinciales competentes.
La decisión fue presentada por el Gobierno como una autorización vinculada a un proyecto turístico que ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Sin embargo, distintos sectores reclamaron conocer en detalle el expediente, los estudios ambientales y las condiciones bajo las cuales se desarrollaría el emprendimiento.
La operación involucra capitales de Dubái
La sociedad adquirente, ASB Hospitality Calafate SAU, fue constituida en Argentina en julio de 2026. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad registrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
La compañía está vinculada con Albwardy Investment, grupo empresario de origen emiratí con inversiones en el sector hotelero y turístico, entre otros rubros.
De esta manera, una operación que involucra un inmueble ubicado en un área protegida de Santa Cruz quedará vinculada a capitales extranjeros, algo que generó cuestionamientos por el mecanismo utilizado para habilitar la compraventa.
La preocupación por la Península de Magallanes
La Península de Magallanes constituye un territorio de alto valor ambiental y turístico por su cercanía con el Parque Nacional Los Glaciares y el glaciar Perito Moreno.
El proyecto denominado “Master Plan Ecocentro” contempla un emprendimiento turístico y, según información difundida sobre la iniciativa, incluye unidades de alojamiento y circuitos de senderismo.
Organizaciones y actores vinculados al turismo y la conservación cuestionaron la decisión del Ejecutivo provincial. La Asociación de Guías de Santa Cruz (AGUISAC), por ejemplo, expresó su rechazo a la autorización y reclamó que se conozca la documentación que sustenta la decisión gubernamental.
También se plantearon interrogantes respecto del impacto que podrían generar nuevas construcciones, caminos, circulación de vehículos, consumo de agua y tratamiento de residuos en un territorio sometido a un régimen especial de protección.
Una decisión que deja preguntas abiertas
La controversia no pasa solamente por quién será el propietario del inmueble, sino por la decisión del Gobierno provincial de flexibilizar excepcionalmente una restricción vigente para permitir la operación.
El decreto ya fue firmado y publicado. Ahora, el debate se concentra en conocer el expediente completo, los fundamentos técnicos y ambientales utilizados por la Provincia y las condiciones concretas bajo las cuales se desarrollará el proyecto.
