La Corte Suprema revocó el fallo sobre la Ley de Tierras y reabrió el debate por la propiedad extranjera en la Patagonia
La decisión del máximo tribunal dejó sin efecto la resolución que había cuestionado la derogación de la Ley 26.737. En la práctica, vuelven a quedar sin vigencia los límites nacionales que regulaban la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Santa Cruz aparece entre las provincias donde el tema genera especial atención.
La discusión por la propiedad de tierras rurales en manos de capitales extranjeros volvió al centro de la escena luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
Ese artículo había dispuesto, en diciembre de 2023, la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011 con el objetivo de establecer límites a la adquisición de este tipo de propiedades por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado. Según explicó el tribunal, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no contaba con legitimación suficiente para promover la acción judicial y, por lo tanto, no existía un caso o controversia que habilitara el análisis de fondo.
Sin embargo, el efecto concreto de la decisión es que vuelve a quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras.
Qué límites quedan alcanzados
La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, un límite máximo del 15% de las tierras rurales del territorio nacional que podían encontrarse en manos de extranjeros, además de topes para determinadas zonas y propiedades.
Con la derogación de la norma, esos límites nacionales dejaron de aplicarse bajo el régimen establecido por aquella legislación.
La situación vuelve a generar interrogantes en las provincias patagónicas, particularmente en territorios donde existen áreas de frontera, lagos, recursos naturales, zonas cordilleranas y espacios vinculados con actividades turísticas y productivas.
Santa Cruz, entre las provincias bajo atención
El impacto del nuevo escenario también alcanza a Santa Cruz, una de las provincias con mayor superficie rural del país.
Según los datos citados por La Tecla Patagonia, información del Observatorio de Tierras —elaborada a partir de registros oficiales y datos públicos— estima en alrededor de 1,9 millones de hectáreas las tierras en manos de extranjeros dentro de la provincia.
La situación adquiere especial sensibilidad en determinados sectores vinculados con áreas cordilleranas, fronterizas y de recursos naturales.
El nuevo escenario jurídico también se produce mientras continúa el debate nacional sobre el régimen de tierras y las distintas posiciones existentes respecto del acceso de capitales extranjeros a propiedades rurales.
El Congreso vuelve a quedar en el centro de la discusión
La Corte Suprema aclaró que su resolución no implica un pronunciamiento sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/2023. De esta manera, la discusión de fondo permanece abierta y el Congreso de la Nación continúa siendo el ámbito donde puede debatirse una eventual modificación o restitución del régimen legal.
En las provincias patagónicas, el tema vuelve a generar distintas posiciones políticas y sociales, especialmente por las características territoriales de la región.
En el caso de Santa Cruz, la discusión se suma además a los debates recientes vinculados con la propiedad de tierras en sectores considerados estratégicos y con proyectos de inversión turística.
La resolución de la Corte, por lo tanto, no cierra el debate: vuelve a poner en discusión qué régimen debe regular la propiedad rural extranjera en Argentina y qué herramientas tendrán las provincias para establecer condiciones sobre sus propios territorios.
Fuente: La Tecla Patagonia
