Fuerte advertencia por el pasivo ambiental: “Lo que no se haga le va a quedar a la provincia”

El especialista en temas ambientales y exfuncionario del área, Omar Fernández, lanzó duras críticas al manejo del pasivo ambiental petrolero en Santa Cruz y advirtió que la provincia podría terminar absorbiendo un costo millonario si no se actúa con firmeza frente a YPF.

En una entrevista radial, Fernández cuestionó el proceso de elaboración del inventario ambiental tras la salida de la petrolera y puso en duda tanto su transparencia como su impacto real. “El inventario no va a salir así como está formulado, no va a salir por el total que tiene que salir, que significa generación de puestos de trabajo, sino que va a salir por lo que quiera YPF”, sostuvo. 

El técnico también reveló que el equipo que debía colaborar con la provincia en el relevamiento nunca pudo avanzar por falta de recursos. “Desde el mes de diciembre pedimos los medios para poder trabajar, no nos han dado nada. No hemos podido salir al campo”, afirmó, marcando una fuerte crítica a la gestión provincial. 

Críticas al acuerdo con YPF

Fernández apuntó directamente al convenio firmado entre la provincia y la petrolera, y cuestionó el rol de las instituciones involucradas en la auditoría. Según explicó, el trabajo se está realizando de manera superficial: “Están trabajando todo a ‘ojímetro’, con imágenes satelitales y drones, todo muy por superficie”. 

Además, sostuvo que la decisión final será política: “Si la provincia no lo aprueba, se pueden hacer las cosas bien. Ahora, si se lo aprueba, no va a servir para nada”. 

En ese sentido, planteó que el Estado provincial aún tiene margen para rechazar el informe y exigir un relevamiento serio, con trabajo de campo y control efectivo.

El riesgo de un “clavo ambiental”

Uno de los puntos más sensibles que marcó el especialista es la responsabilidad futura sobre los pasivos. “Todo lo que no se haga le va a quedar a provincia”, advirtió, al explicar que, a diferencia de otras operaciones, YPF devolvió las áreas al Estado y las nuevas operadoras no están obligadas a hacerse cargo. 

La situación, según indicó, podría traducirse en un fuerte impacto económico para las arcas públicas si no se obliga a la empresa a cumplir con la remediación correspondiente.

Impacto laboral y oportunidades perdidas

Fernández remarcó que la remediación ambiental no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad de generación de empleo. “Había alrededor de 2.000 puestos de trabajo” vinculados a tareas de saneamiento cuando los controles se aplicaban de manera efectiva, recordó. 

Sin embargo, denunció que la falta de controles permitió a las operadoras reducir al mínimo esas tareas: “¿Qué más quieren las operadoras? No hacen nada, lo menos posible, porque para ellos es un gasto”. 

Cuestionamientos a Nación y al rumbo energético

En un tono marcadamente político, Fernández también criticó la salida de YPF de la provincia y la política energética nacional. “Tomaron una decisión y mirá el caos social que provocaron”, afirmó, en referencia al impacto laboral tras el retiro de la empresa. 

Y agregó: “YPF, por una decisión del gobierno nacional, se fue de Santa Cruz, dejó un tremendo problema social, de despidos y todo lo demás”. 

Tensión política en la provincia

Finalmente, el especialista también se refirió al escenario político local, señalando que el oficialismo concentra poder pero enfrenta crecientes tensiones internas. “El gobernador tiene mayoría en la Cámara de Diputados… no hay excusa”, planteó, en relación a la responsabilidad de la gestión. 

En ese marco, dejó abierta la posibilidad de alejarse definitivamente del proceso si no hay cambios: “Si no se va a hacer nada, listo, ya es una decisión política del gobierno”.