Intendentes de Santa Cruz impulsan una ley para redistribuir fondos UNIRSE y reforzar las finanzas municipales
En un contexto marcado por la caída de ingresos y el aumento de las demandas sociales, intendentes y representantes comunales de distintas localidades de Santa Cruz presentaron un proyecto de ley que busca redistribuir parte de los recursos del Fondo Fiduciario UNIRSE para fortalecer las finanzas de municipios y comisiones de fomento.
La iniciativa fue elevada a la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz bajo el nombre de Proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial, y propone crear un programa especial destinado a asistir económicamente a las administraciones locales en medio de la compleja coyuntura económica.
La propuesta lleva las firmas de los intendentes de Las Heras, Antonio Carambia; El Calafate, Javier Belloni; Pico Truncado, Pablo Anabalón; Río Turbio, Darío Menna; Los Antiguos, Zulma Neira; Puerto Deseado, Raúl Martínez; Río Gallegos, Pablo Grasso; 28 de Noviembre, Aldo Aravena; y del presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike, Tomás Cabral.
El eje central del proyecto plantea utilizar el 50% de los recursos disponibles del Fondo UNIRSE y distribuirlos entre municipios y comisiones de fomento utilizando los coeficientes de coparticipación vigentes.
En los fundamentos presentados, los jefes comunales sostienen que la situación económica provincial y nacional generó un fuerte impacto en las arcas municipales. Entre los factores señalados figuran la caída de la actividad económica, la paralización de la obra pública nacional y la eliminación de distintos programas y fondos nacionales.
Según argumentan, este escenario repercutió directamente en el empleo, el consumo y la recaudación local, generando mayores dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las administraciones.
Los intendentes remarcaron además que los municipios se transformaron en la primera línea de contención social frente a la crisis, absorbiendo crecientes demandas vinculadas a asistencia social, servicios esenciales y mejoras salariales para trabajadores municipales.
El proyecto también establece el destino que podrían tener esos recursos extraordinarios. Entre los usos previstos se incluyen el pago de haberes, actualizaciones salariales, cancelación de deudas, sostenimiento de servicios públicos y otras erogaciones necesarias para garantizar el funcionamiento de cada administración local.
La iniciativa ahora deberá ingresar al debate legislativo provincial, donde comenzará a definirse si los municipios podrán acceder a una redistribución extraordinaria de fondos en medio de un escenario económico que continúa generando presión sobre las cuentas públicas.
