La Cámara Federal dejó sin efecto la cautelar que frenaba la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la reforma de la Ley Nacional de Glaciares en Santa Cruz, dejando sin efecto el fallo dictado semanas atrás por el Juzgado Federal de Río Gallegos. La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa judicial iniciada por dirigentes santacruceños que cuestionaron los cambios impulsados por el Gobierno nacional.
La resolución fue adoptada por los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, quienes hicieron lugar a la apelación presentada por el Estado Nacional y consideraron que la cautelar original carecía de fundamentos suficientes para justificar la suspensión de una ley sancionada por el Congreso.
La acción judicial había sido promovida por el intendente de El Calafate, Javier Belloni, junto a otros dirigentes y legisladores santacruceños, quienes solicitaron que se frenara la aplicación de la reforma por considerar que podía generar riesgos ambientales para los glaciares y áreas protegidas de la provincia.
Sin embargo, la Cámara sostuvo que los argumentos utilizados para otorgar la cautelar estaban basados en escenarios hipotéticos y no demostraban la existencia de un daño ambiental concreto e inminente. Según el fallo, la sentencia de primera instancia se apoyó en riesgos potenciales sin acreditar una amenaza real que justificara una medida excepcional como la suspensión de una ley nacional.
Los jueces también remarcaron que la reforma no implica una habilitación automática de actividades extractivas en zonas protegidas y que cualquier proyecto que pudiera afectar glaciares o ambientes periglaciares deberá atravesar estudios técnicos, evaluaciones de impacto ambiental, audiencias públicas e intervenciones de organismos especializados.
Además, señalaron que Santa Cruz cuenta con legislación propia de protección ambiental y que gran parte de las áreas sensibles poseen otras figuras de resguardo, como parques nacionales y normativas provinciales específicas.
Con esta decisión, la reforma de la Ley de Glaciares recupera plena vigencia mientras continúa la discusión judicial sobre su constitucionalidad en el expediente principal. No obstante, los impulsores del amparo todavía pueden avanzar con nuevas instancias judiciales para sostener su planteo de fondo.
La resolución judicial es considerada un respaldo para la estrategia del Gobierno nacional, que impulsa modificaciones al régimen de protección de glaciares como parte de un esquema orientado a facilitar inversiones y proyectos productivos en distintas provincias cordilleranas, entre ellas Santa Cruz.
