Santa Cruz ingresó con una orden judicial a Cerro Negro y la mina de Newmont quedó bajo presión regulatoria
La Provincia debió recurrir a la Justicia para garantizar la continuidad de una inspección en el yacimiento. Se dictaron seis ceses preventivos de tareas por observaciones vinculadas con seguridad y condiciones operativas. La clausura total todavía no fue dispuesta.
La situación en el yacimiento Cerro Negro, operado por Newmont en Santa Cruz, escaló en los últimos días luego de que inspectores provinciales necesitaran una orden judicial para ingresar nuevamente al complejo minero y continuar con un procedimiento de fiscalización.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades provinciales, los accesos al yacimiento habían sido cerrados con candados, lo que motivó la intervención de la Justicia para garantizar el ingreso de los equipos de inspección. El procedimiento comenzó el 9 de septiembre y contó con la participación de más de 20 agentes provinciales.
La medida judicial, según la información disponible, no corresponde a un allanamiento penal por una investigación criminal, sino a una orden destinada a permitir la continuidad de un procedimiento administrativo de control.
Durante el operativo, la Secretaría de Trabajo de Santa Cruz dispuso seis ceses preventivos de tareas en distintos sectores del yacimiento, entre ellos áreas bajo mina, plantas y laboratorios. Se trata de suspensiones específicas que deben mantenerse hasta que sean corregidas las observaciones detectadas.
Observaciones de seguridad
El secretario de Trabajo provincial, Javier Aravena, señaló una serie de presuntas irregularidades que forman parte de las actuaciones oficiales. Entre ellas mencionó vehículos sin habilitación, deficiencias vinculadas al transporte de combustible y sustancias peligrosas, inconvenientes en equipos destinados a la medición de gases y la detección de un eventual derrame de cianuro.
Estos señalamientos corresponden a la autoridad provincial y, hasta el momento, no se difundió un informe técnico completo que permita establecer el alcance definitivo de cada observación. Tampoco se había conocido una respuesta pública específica de Newmont frente a las acusaciones al momento de la publicación de la información.
La Provincia también viene realizando controles sobre el complejo durante 2026. En mayo, una inspección integral había detectado observaciones ambientales, operativas y de seguridad, tras lo cual el Gobierno provincial intimó a la empresa operadora a implementar medidas correctivas.
Un antecedente que vuelve a poner el foco en la seguridad
La situación adquiere especial relevancia por los antecedentes registrados en Cerro Negro. En abril de 2024, dos trabajadores murieron en el yacimiento, lo que llevó a la suspensión de las operaciones y a una posterior investigación.
En aquella oportunidad, el Gobierno provincial había dispuesto la clausura temporal de la mina, que permaneció paralizada durante más de un mes antes de retomar sus actividades luego de que las autoridades revisaran el plan de retorno presentado por la compañía.
Ese antecedente vuelve a colocar las condiciones de seguridad en el centro de la discusión, mientras la Provincia mantiene una política de mayor fiscalización sobre la actividad minera.
Una expansión millonaria en medio del conflicto
El conflicto se produce además mientras Newmont lleva adelante una nueva etapa de desarrollo de Cerro Negro.
El proyecto Cerro Negro District Expansion 1 contempla una inversión estimada de entre USD 550 millones y USD 600 millones, con una proyección de incorporar alrededor de 3,5 millones de onzas de oro y extender la vida útil del yacimiento más allá de 2038. Para 2026, la compañía había proyectado una producción cercana a las 220.000 onzas.
Por ese motivo, los ceses preventivos podrían tener impacto sobre la planificación operativa si las observaciones requieren plazos prolongados para su corrección.
Por ahora, Cerro Negro continúa operativa y no existe una clausura total del yacimiento. La continuidad de las medidas dependerá de las actas de inspección, las correcciones que presente la empresa y los informes técnicos correspondientes.
El conflicto deja así a Newmont frente a una presión regulatoria creciente, mientras la Provincia busca garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y de la normativa vigente en uno de los principales proyectos mineros de Santa Cruz.
