Recolectores de Pico Truncado denuncian precarización, falta de protección y reclaman respuestas al Municipio
El conflicto en torno al servicio de recolección de residuos volvió a generar reclamos en Pico Truncado. Trabajadores del sector denunciaron presuntas situaciones de precarización laboral, falta de elementos de protección personal y condiciones de trabajo que, según sostienen, incrementan el desgaste físico y el riesgo de lesiones.
El planteo fue difundido a través de un descargo atribuido a trabajadores de la recolección, quienes cuestionaron especialmente la decisión de retomar el esquema laboral denominado 6×1, que contempla seis días consecutivos de trabajo y uno de descanso.
Según señalaron, la modificación habría sido comunicada mediante un mensaje de texto, sin una reunión previa ni un acuerdo con el personal. Los trabajadores indicaron que anteriormente se había establecido una modalidad de trabajo día por medio debido al nivel de lesiones registrado entre los recolectores, particularmente entre los denominados “coleros”, que realizan buena parte de la tarea corriendo detrás de los camiones.
Denuncian riesgos durante la jornada
Los trabajadores describieron una actividad con exposición a distintos riesgos. Entre las situaciones mencionadas aparecen mordeduras de perros, cortes con vidrios y pinchazos con agujas, además de jornadas desarrolladas bajo lluvia y bajas temperaturas.
También señalaron que, dependiendo de las tareas asignadas, deben manipular residuos domiciliarios y otros materiales, incluyendo tierra, heces y animales muertos.
En este contexto, cuestionaron la disponibilidad de indumentaria y elementos de protección personal adecuados para realizar la actividad y sostuvieron que la falta de descanso suficiente podría repercutir tanto en la salud del personal como en el estado de los vehículos utilizados para el servicio.
El reclamo también alcanza a los salarios
El planteo incluye además una cuestión salarial. De acuerdo con lo expresado por los trabajadores, los ingresos rondarían actualmente el millón de pesos, mientras que un ítem vinculado a la producción permanecería congelado en aproximadamente 60 mil pesos desde hace más de dos años.
Los recolectores sostienen que estos ingresos resultan insuficientes para afrontar el costo de vida y aseguran que varios trabajadores deben recurrir a uno o incluso dos empleos adicionales para complementar sus salarios.
En ese sentido, remarcaron que el reclamo no apunta únicamente a una mejora económica, sino también a contar con condiciones laborales dignas, descansos adecuados y herramientas de protección para desarrollar la actividad.
Cuestionamientos a funcionarios municipales
Las denuncias también apuntaron contra el intendente Pablo Anabalón y funcionarios vinculados al área, entre ellos el secretario de Medio Ambiente, Marcos Barría, y David Flores.
Según el descargo difundido, los trabajadores cuestionan el manejo del conflicto y aseguran haber recibido respuestas que consideran autoritarias, además de denunciar presuntas amenazas o sanciones frente a determinados reclamos.
Los planteos fueron realizados de manera anónima. De acuerdo con los propios trabajadores, la decisión de preservar su identidad responde al temor a eventuales represalias laborales.
Un intento de diálogo que no prosperó
En medio del conflicto, un integrante de la conducción de la Asociación Sindical Única de Recicladores Argentinos (ASURA) se trasladó hasta Pico Truncado con el objetivo de generar una instancia de diálogo entre los trabajadores y el Municipio.
Sin embargo, según la información difundida, el dirigente no habría sido recibido por el intendente ni por el responsable del área de Medio Ambiente. Desde el Municipio se le habría indicado que debía presentar previamente una nota formal para solicitar una audiencia.
De esta manera, el intento de mediación no logró concretar una reunión entre las partes y, hasta el momento, el reclamo continúa sin una mesa formal de negociación.
Durante su recorrida por el sector, el representante gremial también habría advertido posibles situaciones de trabajo no registrado y falta de elementos de protección personal. Estos extremos deberán ser determinados mediante las inspecciones y la documentación laboral correspondiente.
Si estas situaciones fueran confirmadas, el conflicto podría extenderse más allá del esquema de francos y los reclamos salariales, e involucrar también eventuales incumplimientos en materia de registración laboral, higiene y seguridad en el trabajo.
Por el momento, las denuncias permanecen bajo el planteo de los trabajadores y deberán ser corroboradas por los organismos competentes.
